El 1 de julio entra en vigor
la ley del buen arrendamiento.
Brinda más opciones
para que los municipios
protejan a los inquilinos
de comportamientos indeseables
de arrendadores y agencias de alquiler.
Habrá una normativa nacional
para el buen arrendamiento.
El arrendador no puede
discriminar al inquilino.
El arrendador no puede rechazar
a un inquilino
basándose en características irrelevantes
para el alquiler de una vivienda.
Como por ejemplo origen,
discapacidad u orientación sexual.
El arrendador no puede
intimidar al inquilino
ni amenazarle
con rescindir el contrato de arrendamiento
ni tampoco con cortarle la electricidad.
El arrendador puede pedir un depósito
máximo de dos meses de alquiler básico.
El arrendador no puede cobrar
gastos de servicio irrazonables.
Debe entregar al inquilino
una declaración anual de dichos gastos.
El contrato de arrendamiento
debe establecerse por escrito.
El arrendador debe informar
al inquilino de los derechos
y las obligaciones generales derivadas
de la vivienda de alquiler,
como las normas sobre el
aumento anual del alquiler.
El inquilino debe saber
dónde hacer consultas sobre la vivienda.
Las agencias de alquiler no pueden
cobrar gastos de mediación dobles.
Si la agencia de alquiler
trabaja para el arrendador,
no puede cobrar gastos
también al inquilino.
Son los llamados gastos
de contrato o de administración.
Si el arrendador alquila a un trabajador
migrante, además de estas normas
el arrendador registrará
el contrato de alquiler
por separado del contrato de trabajo.
La información que el arrendador
debe dar al inquilino
debe estar en el idioma
de preferencia del trabajador migrante.
Si el arrendador no cumple
alguna de estas reglas,
usted puede informar al respecto
a su municipio.
A partir del 1 de enero
de 2024, cada municipio
debe tener un punto
de atención para los inquilinos.
Allí podrán ayudarlo
y hacer cumplir la normativa.
Aparte de esta normativa,
los municipios pueden establecer
un permiso de alquiler
para áreas vulnerables.
Para el alquiler
a trabajadores migrantes,
los municipios pueden
establecer dicho permiso.
Así podrán fijar requisitos
sobre la calidad de la vivienda.
